Blindaje electoral: batalla para evitar hechos violentos en elecciones 2024

Se reconoce la intervención del crimen organizado en los procesos electorales, la violencia contra candidatos y la entrega de dinero ilícito; aspectos que deben caer en manos de las autoridades.

Autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como exconsejeros y representantes de partidos políticos coinciden que el crimen organizado es uno de los retos más apremiantes para las elecciones del 2024.

Tan solo en el 2022, se registraron 322 eventos violentos que derivaron en 389 víctimas, indica la consultora Lantia Intelligence, mientras la Integralia Consultores estima como “alta” la probabilidad de que la violencia política e injerencia del crimen organizado esté presente en las elecciones.

Ello, indican, podría derivar en ataques a candidatos o personajes políticamente relevantes en las entidades donde dos o más grupos delictivos se disputan el control territorial –buscarán sustituir o continuar sustituyendo a las autoridades como agentes reguladores– e injerencia operativa para beneficiar a candidatos aliados cuando la competencia sea cerrada.

Para evitar riesgos, el Instituto Nacional Electoral (INE), el Gobierno Federal (Segob-SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) instalaron la Mesa de Seguridad Interinstitucional para el Proceso Electoral Federal (PEF) 2023-2024, que se encargará de vigilar y dar seguimiento a la estrategia conjunta en la materia.

El objetivo es garantizar que los comicios del 2 de junio del próximo año en los que se renovará la Presidencia de la República, ambas cámaras del Congreso federal, ocho gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y sus 16 alcaldías, entre más de 20,000 cargos de elección popular, se desarrollen de forma libre, pacífica y ordenada, en un ambiente de gobernabilidad democrática.

De manera paralela y a propuesta de Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Consejo General del INE, encabezado por su presidenta Guadalupe Taddei, convino en emitir un reporte mensual sobre los avances en las mesas de seguridad que se realizan en cada entidad y a nivel federal.

La idea es coordinar los trabajos conjuntos entre autoridades federales y electorales, que permitan “blindar” las elecciones de 2024, para evitar actos violentos como en la jornada electoral del 2021.

«Blindaje» electoral

 

Guadalupe Taddei aclara que, si bien la seguridad no es una atribución de las autoridades electorales, el despliegue en campo del personal del Instituto debe ser acompañado por las instancias de seguridad para el éxito del proceso electoral.

“El acompañamiento de las instancias de seguridad es fundamental y este esquema de colaboración debe replicarse a nivel local”, anota en entrevista en la sede del Instituto.

Al respécto, el magistrado presidente del Tribunal Electoral Reyes Rodríguez (quien ya renunció a encabezar el mismo), vislumbra dos escenarios a los que se debe poner atención el próximo año:

Uno, el descontento democrático y la polarización afectiva que propagan la división social como un polvorín y, dos, la presencia del crimen organizado, que desafortunadamente dice, ha permeado en todos los rincones de la vida cotidiana.

Como muestra de lo señalado por Rodríguez Mondragón, Marco Baños, exconsejero del INE, pone de ejemplo las elecciones de 2021 en Tamaulipas, en las que la coalición Va por México, integrada por el PAN, PRI y PRD; entregó al Tribunal Electoral un conjunto de pruebas e indicios sobre la vinculación entre el partido Morena y su candidato Américo Villarreal, con el crimen organizado.

Aclara que si bien el TEPJF validó el triunfo de Villarreal, al no encontrar elementos suficientes para usarse como pruebas para anular la elección estatal, el llamado “juico madre”, prendió las alertas para evitar la injerencia del crimen en una contienda federal o local.

Ahora, Ángel Ávila, representante del PRD, solicitó al INE aprobar un protocolo de actuación para enfrentar los casos de violencia e inseguridad en el 2024, tal y como el Tribunal Electoral le ordenó al árbitro electoral.

El punto de acuerdo fue rechazado, pero el Instituto acordó emitir un reporte mensual sobre los avances en las mesas de seguridad que se realizan en cada entidad y a nivel federal, para blindar las elecciones de 2024 y evitar r actos violentos como los registrados en el 2021.

 

El magistrado Reyes Rodríguez considera que de cara al 2024, el Tribunal tiene que responder al descontento democrático y la polarización que propagan la división social como un polvorín de cara al 2024

Ello, en un contexto donde, dice, el 52% de los mexicanos considera que el país está dividido y el 65% señala poco probable que las divisiones puedan superarse, según la encuesta 2022 sobre el Índice de Desarrollo Democrático.

“A estos escenarios el Tribunal Electoral tiene que responder con certeza, legalidad, independencia y parcialidad, pero, sobre todo, buscando que nuestras decisiones contribuyan a la construcción de paz”, resalta.

Un segundo reto para el próximo año es la presencia del crimen organizado, en donde aclara que el Tribunal “hizo su parte” tanto en 2021 como en 2022 al identificar mecanismos probatorios útiles que apoyen a combatir este comportamiento antidemocrático.

Rodríguez Mondragón destaca la importancia de que se hayan emitido algunas medidas preventivas en torno a este fenómeno delictivo.

Elecciones y crimen organizado

 

Marco Baños retoma el caso de Tamaulipas y el de Michoacán; en el primero destaca que el ahora gobernador Américo Villarreal fue acusado de recibir dinero de Sergio Carmona.

Carmona era conocido como el “Rey del huachicol”, acusado de introducir pipas de gasolina de Estados Unidos a México, sin pagar impuestos y quien fuera asesinado en noviembre del 2021, en San Pedro Garza García.

Además, señala el caso del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, también postulado por Morena en Michoacán, cuyo triunfo fue ratificado por el Tribunal Electoral; señala que en ese caso se comprobó la intervención del crimen organizado en cuatro municipios del estado, pero eso no fue insuficiente para anular la elección, dado que no se trató de una situación generalizada.

“Tenemos indicios claros que están acreditados en el expediente de la elección de Ramírez Bedolla, el gobernador de Michoacán, y de Américo Villarreal, el gobernador de Tamaulipas, de cómo el crimen organizado financia campañas en los estados”, comenta el experto en temas electorales.

Tras conocer el fallo del Tribunal, el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, consideró que se trató de un “duro golpe a la democracia”.

“Se permitió que los delincuentes hayan aprendido a robarse las elecciones, violando la libertad ciudadana y atentando contra los principios de la democracia”, escribió en su momento en Twitter, ahora X.

Baños asegura que el INE tiene facultades para establecer protocolos de seguridad para candidatos, las instalaciones del día y durante el desarrollo de la jornada electoral, pero en general la política de seguridad depende de las autoridades federales, estatales y municipales.

“El INE lo que hace es establecer un protocolo y el protocolo establece que un candidato tenga seguridad tiene primero que pedírselo al INE. El INE se lo manda a la Segob y ésta es la que se encarga de revisar las condiciones de cada candidato o candidata que haya solicitado y decidir qué tipo de seguridad le ponen”, añade.

Alude al caso de la candidata de Movimiento Ciudadano, Alma Rosa Barragán Santiago, quien contendía por la presidencia municipal de Moroleón, asesinada en mayo del 2021 durante un acto de campaña.

“(la presencia del crimen organizado) sí es un problema que puede poner en peligro claramente a las elecciones y concretamente a la integridad física de candidatas y candidatos”, asegura.

Baños advierte que el crimen organizado ha permeado “mucho” los aparatos de decisión de los partidos políticos en ámbitos locales, sobre todo en elecciones locales y distritales.

“Y, lamentablemente en algunas campañas de gobernadores hay indicios, concretamente la elección de Ramírez Bedolla, en Michoacán y de Villarreal, en Tamaulipas”, recalca.

 

Ángel Ávila demanda que el INE aplique medidas de seguridad para todos los contendientes durante las elecciones federales, pues dijo que nadie quiere hablar “del elefante que está en la sala”, que es la intervención del crimen organizado en los procesos electorales, amedrentando candidatos, metiendo campañas ilegales o dinero ilícito.

“En 2021 en Michoacán la coalición de la que formó parte el PRD, el PRI y el PAN ganaron ocho distritos electorales federales de 12; es decir, ganamos casi el 70 por ciento de la votación federal, pero casualmente perdimos la elección de Gobernador”, resalta.

Ávila Romero, recién designado coordinador de alianzas en el equipo de la precandidata Xóchitl Gálvez, destaca la importancia de que rumbo al 2024 haya certeza de que se podrá votar aquellas zonas del donde el crimen organizado controla el territorio y tiene “amordazados” a presidentes municipales, diputados locales.

También, añade, donde la Guardia Nacional solamente “desfila” de manera ficticia y no hace nada por detener estas graves consecuencias.

“Si el Gobierno Federal no cumple con su función, vamos a ir a un proceso electoral lleno de violencia, y desgraciadamente, ya lo hemos visto en el 21 y el 22, de candidatos asesinados y de hechos de violencia”, lamenta.

Mesa interinstitucional

 

La mesa interinstitucional instalada el pasado 5 de diciembre recibirá las 24 horas del día las incidencias que se registren durante el proceso y de la mano del INE, atenderá las denuncias de aspirantes, candidatas y candidatos, llamadas de auxilio y de protección.

Además, impulsará todas las acciones que tienen que ver con la capacitación sobre acciones a seguir de las personas servidoras públicas del orden federal, estatal y municipal que participan en las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad de los estados y regiones, así como la orientación sobre seguridad de personas que compiten por cargos de elección popular.

El objetivo es otorgar las garantías necesarias para que el proceso se desarrolle de manera libre, pacífica y ordenada., así como coadyuvar en la identificación, prevención y atención de factores de riesgo que puedan incidir en el proceso electoral.

Para ello echará mano de todas las capacidades y herramientas disponibles para investigar y sancionar la comisión de delitos electorales o actividades financieras ilícitas vinculadas con este ejercicio de participación democrática.