El caballo y el camello, o ¿de qué democracia hablamos?


Pensándolo bien   Jorge Zepeda Patterson

Puede entenderse la preocupación de intelectuales y comentaristas críticos de Andrés Manuel López Obrador por el embate del gobierno de la 4T en contra del entramado institucional construido en las últimas décadas. La selección de una militante de Morena para la Suprema Corte, las reducciones presupuestarias de los organismos de rendición de cuentas y de competencia, el entorpecimiento por parte del poder Legislativo para demorar o rechazar el nombramiento de los miembros de esos institutos. Y, sobre todo, la crítica abierta y punzante del presidente en contra de este tejido de instituciones que, a su juicio, hacen poco o nada por las mayorías empobrecidas y sirven de fachada y simulación a un orden establecido que reproduce la desigualdad y los privilegios.

Ambos discursos se han convertido en agua y aceite. Los dos poseen una lógica atendible, siempre y cuando partan, cada uno, de su propio sitio de observación. Desde la perspectiva del camello, el caballo es una aberración; en la manada del caballo, el camello resulta un despropósito.

No, dirán los críticos anti obradoristas, la democracia remite a un concepto universal, y no depende de miradas. Se alimenta de prácticas e instituciones que aseguran la rendición de cuentas del soberano, el equilibrio de poderes, los instrumentos que posibilitan la defensa del ciudadano frente al poder. De allí la importancia de institutos de transparencia, de derechos humanos, de organización de elecciones ajenas al gusto del gobernante, de mecanismos de competencia independientes, de un sistema judicial que asegure el imperio de la ley y no el capricho del ocupante en turno de Palacio. En suma, una forma de gobierno que garantice el derecho de las minorías, la preeminencia de la ley y las libertades ciudadanas respecto al poder dominante. Bajo esa lógica, en efecto, muchas medidas del gobierno constituirían un retroceso en el camino de construcción de ese tejido institucional.

No, responde López Obrador. El verdadero sentido de la democracia no remite a una forma de gobierno que se mida y valore por el número y peso de organismos, siglas y presupuestos, sino por el resultado: en qué medida o no propician un gobierno del pueblo y en beneficio de las mayorías. Y bajo esa lógica, ha dicho él, el famoso entramado institucional ayudó muy poco: la desigualdad, la pobreza y la corrupción no cambiaron de manera sensible, y en algunos casos empeoraron, durante estos 30 años. Más aún, fue un tejido de organismos que ayudó a legitimar un orden que reproducía esa desigualdad, permitía ignorar regiones completas del país, propiciaba el reparto diferenciado de los beneficios, la pérdida de poder adquisitivo de las mayorías.

La verdadera valoración de la democracia remite al hecho, en versión obradorista, de que la mayoría votó por una propuesta de cambio en 2018. Pero este impulso de transformación es frenado por ese entramado institucional, lo cual, en su lógica, significa que lejos de representar un activo en favor de la democracia, constituye un freno a ella, al obstaculizar el deseo expresado en las urnas por la mayoría de los mexicanos.

Como se puede observar, son dos tesis contrapuestas. El problema es que han derivado a una confrontación a tumba abierta. Los argumentos son tan absolutamente obvios, para cada cual, que la única posibilidad de que se defienda lo contrario obedece a la estupidez, a la corrupción, al autoritarismo o a la defensa de los privilegios, según el bando de que se trate. Es decir, a la descalificación moral del que sostiene lo contrario.

En el fondo, me parece, el tema remite a la importancia que se otorgue al imperativo de hacer algo respecto a la pobreza y la desigualdad, en la que todos estamos de acuerdo pero con prioridades muy distintas. En lo que a mí respecta, no tengo dudas de errores de interpretación y ejecución de parte del gobierno de la 4T, pero domina en mi ánimo el impacto social y económico que se traduce ya en una mejoría para tantos. El incremento en el poder adquisitivo del México profundo, la disminución de los trabajadores que laboran en el sector informal, el crecimiento regional del sureste por vez primera en décadas, la reducción de la pobreza pese a la pandemia, entre otras, son milagros que nunca creí que vería en un país tan desigual como el nuestro, siempre dominado por los intereses de las élites. Y, en efecto, nada de esto fue impulsado por ese entramado democrático formal.

Los críticos dirán que en aras de eso estamos dispuestos a defender un gobierno que se desliza al autoritarismo. A mí me parece que la inconformidad, la indignación y el agravio que generó el modelo anterior, “salieron baratas”: la reacción podría haber generado escenarios de inestabilidad política e incluso severas afectaciones a los sectores prósperos de la sociedad mexicana. No fue así.

La inconformidad no la generó López Obrador, pero sí fue la forma que asumió. El modelo se había agotado y la salida electoral fue el obradorismo. Este impulso pendular en favor de las mayorías está plagado de claroscuros, pero a mi juicio el balance sigue siendo favorable.

Por supuesto hay riesgos en el predominio de un gobierno que opera a partir del carisma y la voluntad personal. Pero quizá fue la única fuente capaz de generar el impulso para contrarrestar los usos y costumbres instalados en organismos, medios de comunicación, círculos del dinero en contra de un esquema redistributivo. La mayoría de los mexicanos pidió un cambio de modelo político y económico y para ello eligieron un nuevo poder Ejecutivo, pero no hubo mudanza en el resto de los poderes legales y paralelos. López Obrador asumió que el fortalecimiento de la presidencia era indispensable para operar en contra de las resistencias a esos cambios y cumplir el mandato popular, es decir, democrático (en su lógica).

¿Hay riesgos de derivas autoritarias? Sí. El líder y su personalidad terminaron siendo imprescindibles para romper voluntades en contra de la transformación, pero tiene que ser una solución temporal, una mera vía de acceso. El empoderamiento del ejecutivo a la larga produce daños porque puede convertirse en instrumento unilateral del que va llegando. Indispensable o no, habría que transitar a formas institucionales que operen en favor de inercias de redistribución y justicia social. Más que destruir al entramado institucional habría que pluralizarlo y asegurar que opere en favor de la democracia en los dos sentidos: forma y fondo. La fórmula de la confrontación, basada en el carisma, fue un recurso para sacudir el orden establecido, tendrá que ser reemplazada por otra de conciliación de diferencias. Caballos y camellos nunca serán iguales, pero en tanto que estén condenados a caminar en los mismos valles tendríamos que intentar entendernos, a menos que sigamos creyendo que la única opción es obstaculizarnos y ponernos zancadillas.
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