El Poder Judicial veracruzano en grave crisis

CAMALEÓN  Alfredo Bielma Villanueva
“Vamos bien y viene lo mejor” es la frase propagandística con la cual Fidel Herrera Beltrán, entonces gobernador saliente, pretendía apoyar la forzada candidatura de Javier Duarte de Ochoa al gobierno veracruzano; ya antes, en la elección intermedia de 2007 había recomendado a los candidatos de su partido “aprovechar la gran obra pública de mi gobierno” como propuestas de campaña. Pero, siempre empeñosa, la cruel realidad se encargó de abrirnos los ojos al correr el velo de la gran podredumbre subyacente tras de aquella afamada locución. Este exordio viene a cuento porque ya a punto de concluir la gestión encabezada por Cuitláhuac García no se avizora en perspectiva un escenario que nos señale un final feliz, con elocuentes avances para el progreso de Veracruz. Muchos son los testimonios para confirmar un panorama muy grisáceo porque de nuevo la realidad siempre en vigilia nos retrata un panorama nada propicio para una apología, sino para todo lo contrario. Ya forma parte del anecdotario cotidiano todo lo referido al tema de la inseguridad pública, de las muy lamentables condiciones del Sector Salud estatal, de infraestructura carretera en pésimo estado, etc., pero otro asunto de graves consecuencias surge a la vista: el acentuado deterioro de la impartición de justicia.

Según análisis del World Justice Proyect (Proyecto de Justicia Mundial) Veracruz aparece en la posición 32 en Justicia Civil, de 32 estados, y en el 30 de 32 en Justicia Penal, nada para presumir. Pero aun hay más: durante el presente ejercicio de gobierno el Poder Judicial estatal se ha venido integrando con elementos ascendidos a magistrados sin cubrir el perfil requerido para tan delicada función, y en ese trámite se ha deteriorado la calidad de la impartición de justicia, evidenciado también por quienes han presidido el Poder Judicial. Y sobre esto último provoca nostalgia el otrora elogioso prestigio que destacados juristas veracruzanos han impreso a su paso por la presidencia del Poder Judicial veracruzano, acentuando aún más el drástico contraste entre el ahora con el pasado- Por si ese patético estado de cosas no bastara, ahora mismo se discute en el Poder Legislativo el expediente para citar a la titular del Orfis ante la Comisión de Vigilancia de la legislatura local para que explique su omisión de no haber detectado en la revisión correspondiente al Poder Judicial lo que la presidencia de ese Poder ha revelado con su denuncia respecto a posible daño patrimonial. No carece de motivo fundado el diputado Marlon Ramírez al presentar esa moción porque según la referida denuncia son 50 millones de pesos los que andan bailando y no descubrirlos es de llamar la atención. Ya éramos muchos cuando parió la abuela, dice sabio refrán.