Siguen las pifias de la FGE


Punto de Vista  Filiberto Vargas Rodríguez

Prefacio.

Muchos de los actores políticos que acompañaban a Rocío Nahle desde su campaña por el senado, en el 2018, se sorprendieron cuando les informó que el coordinador de su campaña sería el alcalde de Martínez de la Torre, el empresario citrícola Rodrigo Calderón Salas. *** Lo que hoy se sabe es que el peso de las decisiones en la campaña de la exsecretaria de Energía recae en dos personas: José Luis Peña (su esposo) y Rodrigo Calderón (su coordinador). *** Desde que conoció su designación, muchos cuestionaron la experiencia y capacidad de Rodrigo Calderón en materia electoral y siguen con lupa todos sus pasos, todas sus decisiones, para señalar las fallas que -están seguros- en algún momento habrá de cometer. *** Sometido a ese escrutinio y ante la presión que significa ver que su candidata “se estancó”, Rodrigo Calderón está más urgido que nunca a ofrecer resultados. Una de las vías para ello es la selección de los candidatos a otros cargos de elección popular en Veracruz, que le podrían significar a Rocío Nahle la suma de votos. *** La tarea de Rodrigo Calderón es impulsar propuestas ganadoras para cada distrito, sin importar filias o fobias del equipo de campaña. Lo que hoy necesitan son votos y no se pueden dar el lujo de perderlos en algún distrito porque la propuesta más fuerte “es gente de fulanito”. *** Y si el coordinador de la campaña no se puede equivocar en esa tarea, mucho menos lo puede hacer en su Distrito, Martínez de la Torre. *** Quien gane en esa demarcación la encuesta interna, deberá ser el candidato (o candidata). No es momento de tomar decisiones con el hígado.

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Antonio Zaleta Jiménez participó en el homicidio de la periodista María Elena Ferral. Él mismo confesó que había servido de “halcón”, esto es, que se encargó de avisarles a otras personas el momento en el que pasaría por el sitio preparado para la emboscada.

Este miércoles, Antonio Zaleta abandonó la cárcel, después de permanecer privado de la libertad por cuatro años.

¿La razón? Obtuvo un amparo luego de que un tribunal colegiado confirmó que la Fiscalía de Veracruz había incurrido en violaciones al debido proceso, lo que había dejado a Antonio en indefensión.

María Fernanda De Luna Ferral, hija de la periodista asesinada el 30 de marzo de 2020 en Papantla, se dijo preocupada por el desaseo con el que manejó la Fiscalía General del Estado (FGE) el caso y por el riesgo de que otros implicados obtengan la libertad.

“La Fiscalía, en ese momento de la declaración, debe proveer un abogado si está viendo que se está autoincriminando. El día de hoy se le dictó auto de liberación. (…) Hoy queda en libertad y con esta liberación también pueden quedar libres otros de los detenidos”.

Aún hay ocho personas en prisión por este crimen. Cuatro de ellos ya están purgando sentencias de hasta 30 años. Hay, sin embargo, dos personas -los presuntos autores intelectuales- que siguen en libertad: uno de ellos, el exdiputado y exalcalde de Coyutla, Basilio Picazo.

La voz de María Fernanda se quiebra cuando reclama a las autoridades que cumplan lo que prometieron:

“No es posible que esto esté pasando en un caso (en el) que se nos prometió justicia; porque todos y cada uno levantamos la voz en ese momento y salió el gobernador a decir que iba a haber justicia en este caso y lamentablemente no la ha habido”.

Aunque María Fernanda De Luna cuenta con medidas de protección por parte del gobierno federal, se dice temerosa de que en cualquier momento atenten cintra su vida, toda vez que la impunidad provocada por le Fiscalía, alentaría a los asesinos de su madre a cometer un crimen similar.

Y no, en esta ocasión no pueden evadir su responsabilidad adjudicando a la justicia federal la decisión de poner en libertad a un criminal confeso: está claro que los fiscales encargados del caso violentaron el proceso, y la consecuencia de ello es que alguien que confesó haber participado en un homicidio, hoy goce de libertad.

Esa es la justicia que tienen los veracruzanos.

Si tuviera algo de dignidad, Verónica Hernández debería estar presentando su renuncia.

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Epílogo.

La persecución no ha cesado. El expediente ya quedó integrado y en cualquier momento se habrá de judicializar. *** Este día se dio a conocer que en diversos distritos judiciales fueron detectadas irregularidades, las que ya fueron denunciadas ante la Fiscalía del Estado, pues se presume quebranto superior a 1.3 millones de pesos. La cara visible de este procedimiento: Joana Marlén Bautista, exdirectora de Administración del Consejo de la Judicatura. *** Un dictamen técnico estableció que los climas de las ciudades judiciales de Xalapa, Veracruz, Córdoba, Acayucan y San Andrés Tuxtla presentan severas fallas que debieron ser señaladas desde el momento de la entrega de las obras. *** En Xalapa, por ejemplo, sólo fueron localizados dos aparatos, de los tres que fueron facturados. Pero, además, los existentes no han recibido el mantenimiento que, obligatoriamente, debieron considerar. *** En la Ciudad Judicial de Veracruz, por el contrario, hay facturas que consideran el servicio de mantenimiento de cinco equipos, cuando sólo dos habían sido instalados. En la Ciudad Judicial de Acayucan se reportó la compra de refacciones como un compresor, que no fue localizado y se duplicaron los trabajos o se reportaron servicios inexistentes de mantenimiento. *** En Córdoba y San Andrés Tuxtla los trabajos de mantenimiento de los climas no se aplicaron, ni se vigiló la disposición de los recursos destinados a ese rubro. *** El informe de la auditoría arroja la probable comisión de ilícitos como administración fraudulenta y abuso de autoridad. ¿Los probables responsables? Los titulares de la Dirección de Administración, de la Subdirección de Recursos Materiales y del Departamento de Servicios Generales. *** Se avecina una lucha legal que podría salpicar mucho lodo.

 

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