El karma es lo que comúnmente se conoce como “pagar acciones realizadas en esta u otra vida”. Los acontecimientos de las últimas semanas, con relación a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, están dando un giro contra la 4T. Estarían “pagando” el uso político que hicieron del tema, en las elecciones de 2018, y las irresponsables investigaciones que, a lo largo de cinco años, han conducido en este sexenio, centralmente desde la Secretaría de Gobernación.

Para empezar hay que decir que la relación histórica de los gobiernos federales emanados del PRI y del PAN con la normal rural de Ayotzinapa ha sido compleja y de desconfianza desde hace décadas. De ahí surgieron los liderazgos de los movimientos guerrilleros en los setenta, con Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Más recientemente, sabemos que el Ejército tenía elementos de inteligencia penetrando la normal, pues entre los 43 desaparecidos había cuando menos un soldado enrolado como “estudiante”. Y, en el actual gobierno federal, a pesar de ser de izquierda, siguen con la misma lectura de gobiernos anteriores, en el sentido de que la normal es parte de un movimiento radical vinculado a organizaciones que practican secuestros y que obtienen de varias otras formas recursos de manera ilegal, como la toma de autopistas.

Cuando en septiembre de 2014 desaparecieron los 43 estudiantes, la desconfianza en las autoridades de Guerrero hizo que 10 días después la PGR atrajera la investigación, algo que probaría ser un error para el procurador Jesús Murillo y para el entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Desde el momento en que se federalizó la investigación, todas las dependencias involucradas se reunían en las oficinas de la PGR. Ahí estaban la Agencia Federal de Investigaciones, la Policía Federal, el Cisen y representantes de las fuerzas armadas. Había un frenesí y competencia por encontrar a los estudiantes con vida.

En contraparte, los directivos de Ayotzinapa utilizaron la atracción federal y la indignación que el caso generó en el país para trasladar sus protestas a la CDMX. Mientras, Morena y, en particular, Andrés Manuel López Obrador, utilizaron la desaparición de los 43 como ariete contra el gobierno peñista y como lema electoral.

Hoy, a casi 10 años de los hechos, la mayoría de los detenidos —varios confesos— han quedado liberados al señalar tortura; el gobierno federal está divido sobre el tema, con fuertes fricciones entre dependencias por las imputaciones contra militares, y el Presidente, más desconfiado que de costumbre, está teniendo que revisar personalmente las investigaciones.

Lo que pasó a los 43 esa noche de 2014 mostró la corrupción en las policías locales, su vinculación con carteles del narcotráfico, la inexistencia de autoridades serias a nivel estatal y la débil capacidad de investigación de las dependencias federales.

A 10 años de distancia, tristemente, las cosas están igual, o peor. Y AMLO está cometiendo los mismos errores que su antecesor: cuestionando las intenciones de los normalistas, lo que estos han aprovechado para crecer mediáticamente; atrayendo la investigación a la FGR del joven normalista muerto la semana pasada, y aventurando, en la mañanera de ayer, culpables de su asesinato sin investigación ni juicio de por medio.

Mientras, del otro lado, los de Ayotzinapa vienen creciendo las protestas, otra vez en la CDMX, y han amenazado con hacerle visita a los actos de campaña de la candidata oficialista.

Las familias de Ayotzinapa, aunque no lo dicen, saben que sus 43 estudiantes están muertos. Su lucha ahora es evidenciar a las autoridades, pero también obtener importantes recursos para su movimiento. Necesitan dinero, y mucho, para hacer la “transformación” que buscan en su zona de influencia y seguir teniendo a decenas de miles de adeptos.

Para ello, mientras más escalen el conflicto con la 4T, y en año electoral, saben que incrementan sus posibilidades de tener acceso a muchos recursos. Están preparando una especie de “secuestro” a la 4T, aunque su meta final es lograr una condena internacional, por crímenes de Estado, que les otorgue una compensación multimillonaria a cargo de la Federación.

Ayotzinapa y sus grupos no van a cejar en sus intenciones y van a cobrarse, muy caro, los errores que ha cometido el actual gobierno. AMLO está pagando su karma, y varios de sus actuales funcionarios acabarán en la cárcel. Ayotzinapa lleva 83 años en un conflicto de baja intensidad contra los gobiernos federales. No se van a detener con ningún tipo de resolución de la FGR. No buscan justicia, buscan una insurrección.