En plena violencia electoral


Apuntes    Manuel Rosete Chávez

“Se aproximan las elecciones más violentas en  el país”

Yo

Las elecciones intermedias del 21 celebradas en Veracruz estuvieron marcadas por la violencia que desataron grupos de la delincuencia organizada cuyo sangriento papel en este proceso fue quitar del camino de Morena ciudadanos que serían lanzados como candidatos de partidos opositores, con muchas posibilidades de triunfo. Algunos no sobreviovieron a esos ataques y otros mejor se bajaron del caballo y huyeron. Pasado el proceso en el recuento final Morena y sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México y el PT, obtuvieron el triunfo en 69 de las 212 alcaldías que hay en Vercruz, para ellos una derrota pese a la violencia que le imprimieron porque venían de arrasar todo en la elección del 18 con el presidente Andrés Manuel López Obrador y en este primer ensayo sin AMLO en la boleta sus puntos cayeron.

Y no se trata solo de un presentimiento o de una perversa hipótesis que se nos ha ocurrido, no, en la primera semana del año, México vivió los primeros asesinatos contra actores políticos que aspiraban a contender en las elecciones del 2 de junio del presente año, lo que augura –otra vez– campañas en medio de la violencia en contra de dirigentes, aspirantes, precandidatos y candidatos; los datos de firmas consultoras lo confirman, la violencia se ha incrementado en cada proceso y a nivel municipal se presenta el mayor riesgo.

“Es altamente probable que 2024 sea el año con mayor número de agresiones y asesinatos a candidatos y precandidatos en la historia del país”, alerta Armando Vargas, consultor senior en la Unidad de Riesgo Político de Integralia.

Históricamente, el blanco de los ataques ha sido contra personajes que ocupan cargos municipales o aspiran a ser alcaldes, regidores o síndicos; ahí se concentra más de 71% de los casos. Y por partido, en los últimos seis años los más atacados están vinculados a los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) o a sus gobiernos.

“La violencia criminal ya está en nuestras elecciones y mal se haría en negar este peligro que acecha a la más grande de nuestras prácticas democráticas”, concluyó el Instituto Nacional Electoral (INE) en su “Crónica del Proceso Electoral 2017-2018 junio 2018.”

Ahora, en el actual proceso electoral, expertos en violencia política advierten que éste será el más violento, de entrada porque con 20,367 cargos a elegir, estarán en circulación más de 50,000 aspirantes a diversas posiciones.

Además, porque se renovarán presidencias y cargos municipales en 30 de 32 entidades y es ese nivel de gobierno donde el crimen organizado, que se considera principal instigador de la violencia contra los políticos, centra sus agresiones.

Del total de los cargos a elegir 19,739 serán locales. De ellos 18,200 en la célula territorial básica del Estado mexicano: 1,802 alcaldías o presidencias municipales (sólo en Durango y Veracruz no se elegirán este año), 1,975 sindicaturas, 14, 423 regidurías y 431 cargos auxiliares.

También estarán en juego ocho gubernaturas (Veracruz entre ellas) la Jefatura de Gobierno de la ciudad y 1,098 diputados de congresos locales.

Y la evolución de la violencia contra los políticos ha ido hacia arriba, precisamente, entre candidatos, la mayoría a munícipes y alcaldes, lo que ha sido documentado por diversos think thank especializados, que con enfoques y metodologías diversas han analizado la problemática.

La consultora Integralia documentó 30 asesinatos de candidatos y aspirantes en ocho años, de las elecciones de 2008 a 2015. En el proceso electoral federal y locales de 2018 fueron 48 los asesinados, aunque sólo 41 de acuerdo al reporte del INE sobre ese proceso.

Esa misma firma contabilizó que en el proceso de 2018 –en que además de elección federal hubo relevo de 1,596 ayuntamientos– se presentaron 12 asesinados contra personas del PRI, 11 del Partido de la Revolución Democrática (PRD), seis de Morena, cinco del PAN, cinco de Movimiento Ciudadano (MC), tres independientes, dos del Verde (PVEM) dos de Encuentro Social (PES), uno del Trabajo (PT), y otro de otra fuerza política local.

En las elecciones intermedias de 2021, las más recientes, la cifra casi se cuatriplicó: fueron ultimados 179 políticos, entre ellos 36 aspirantes o candidatos a cargos de elección popular. Y de ellos, 64% buscaban ser o reelegirse como presidentes municipales.

Si se consideran las agresiones y atentados contra políticos que no terminaron en deceso, el número se quintuplicó a 239 entre 2018 y 2021, según el mismo centro de análisis, cuyo especialista, Armando Vargas, aclara que para Integralia la violencia política es entendida como agresiones o los asesinatos hacia los candidatos y candidatas.

Al añadirse otro tipo de violencia, ejercida no sólo contra abanderados, sino funcionarios de gobierno, legisladores y operadores políticos, en 2021 fueron un total de 1,066 actos violentos, de acuerdo con datos de la consultora Etellekt.

Desde otro enfoque, con una metodología que incluye, a diferencia de Integralia y Etellekt, a actores políticos, pero también a servidores públicos y funcionarios del ramo de la seguridad pública, además de colaboradores y familiares de políticos y servidores públicos, México Evalúa en colaboración con Data Cívica, y el Programa para el Estudio de la Violencia del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) han desarrollado el proyecto” Votar entre Balas”. El dato consolidado de 2018 a noviembre 2023 arroja 1,564 agresiones, atentados y homicidios. De ellos 71% fueron contra personas con aspiraciones o cargos a nivel municipal.

¿Aumentará o no la violencia a medida que nos acerquemos al 2 de junio, el día de la gran elección?. Morena con un solo triunfo arrasador presidencial, el de AMLO, se hizo de la fama de tener entre sus aliados del crímen organizado, hipótesis que se confirma con la estupidez esa de “Abrazos no balazos” que ha costado la vida de militares y policías. Y a estas alturas, cuando Morena solo se sostiene con los beneficiarios de los programas sociales los cuales no son suficientes para permanecer en el poder, recurrirán sin duda a sus socios del crimen organizado.

De lo que AMLO se robó

En solo dos años, el criminal gobierno de Andrés Manuel López Obrador sacó 157 mil millones de pesos de los fondos destinados a la salud y esto obligó a suspender el pago de todos los tratamientos de cánceres, trastornos congénitos o trasplantes para los pacientes más pobres del país que debían ser atendidos en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Solo en 2021, el recorte al presupuesto del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (Fonsabi) para atender cáncer infantil, mama y cervicouterino llegó hasta el 97%, lo que impidió pagar 7 mil 900 tratamientos para pacientes con esas enfermedades que no tienen seguridad social.

Un año después, en 2022, no pagaron ni un solo tratamiento para las 66 enfermedades consideradas como catastróficas, incluyendo distintos tipos de cáncer, infartos al miocardio, cuidados intensivos neonatales o trasplantes, de acuerdo con reportes contables del Fonsabi.

En cambio, el gobierno de AMLO transfirió a la Tesorería de la Federación (Tesofe) 157 mil millones de pesos que debían ser usados para estos enfermos entre 2021 y 2022, lo que hace imposible saber en qué se gastaron, porque eso recursos se revolvieron con el resto de dinero de la Tesofe.

Para dimensionarlo, esa cantidad es equiparable con los 138 mil millones de pesos del presupuesto del Tren Maya en 2023 o 6 veces el presupuesto del INE. Se trata de uno de los efectos de la desaparición del Seguro Popular en 2019, la estrategia iniciada en 2004 que daba atención a quienes no tenían para pagar servicios de salud, pero que fue sustituido por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), extinto el año pasado.

A través del Seguro Popular, los pacientes con enfermedades consideradas como catastróficas por su alto costo, como cáncer, recibían los tratamientos requeridos que incluía no sólo medicinas, sino cirugías, hospitalización, consultas y estudios.

Dichos tratamientos eran pagados con recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, que hasta 2018 tenía 119 mil millones de pesos. El Seguro Popular desapareció en 2019 y fue sustituido por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (Fonsabi), pero para diciembre de 2023 sólo había 45 mil millones de pesos en el Fondo.

Es decir, en 4 años AMLO disminuyó 62% del dinero ahorrado durante 14 años, y sin explicar en qué lo gastó. Además, el Fonsabi fue usado para triangular recursos dentro de las finanzas públicas a través de multimillonarios movimientos de ingresos y egresos.

¿Dónde está el dinero?

De acuerdo con Números de Erario, un análisis de México Evalúa, ha existido una simulación en el gasto de salud debido a que desde 2019, el gobierno estableció nuevos lineamientos en la Ley de Ingresos de la Federación y en la Ley General de Salud para que, en caso de tener excedentes, el Fonsabi transfiriera los recursos a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

En 2021 y 2022, el Fonsabi efectivamente tuvo excedentes gracias a aumentos presupuestales desde la Secretaría de Hacienda, pero no fueron usados para financiar tratamientos médicos, sino que, por los nuevos lineamientos, los regresó a la Tesofe.

En 2021 regresó 92 mil 745 millones de pesos, y en 2022, 64 mil 700 millones de pesos, lo que suma 157 mil 400 millones de pesos, dinero que fue registrado como gasto, pero al haber si transferirlo se perdió el rastro de su uso porque se agrega a la ‘bolsa’ de recursos de la Tesorería.

El Insabi, además, reconoce en su propio informe de 2022, que no pagó ningún tratamiento en ese año. En el apartado “casos autorizados, validados y pagados”, es decir, donde tendría que reportar el número de tratamientos pagados, el Insabi dijo que solo utilizó recursos del Fonsabi para pagar deudas a seis proveedores.

“Se transfirieron recursos al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos por un total de 54 mil 881 millones de pesos para dar cumplimiento con las obligaciones previamente contraídas”, dice el informe.

Jorge Cano, investigador de México Evalúa, explica que “es posible que estén pagando tratamientos con el gasto corriente del Insabi, el cual también ha tenido recortes, aunque no lo especifican; lo que sí informan es que el Fonsabi dejó de financiar enfermedades catastróficas, que era la principal herramienta para lo cual fue creado”.

¿Tienen o no jefa?

REFLEXIÓN

¿Qué hay “distinguidos” morenistas que andan buscando puentes para saltar del barco de la 4T al del Frente Amplio por México…Qué se robaron que ya van de pelada? Escríbanos a mrossete@yahoo.com.mx | formatosiete@gmail.com