La polarización de Pemex y el petróleo

Opinión    Gabriel Farfán Mares

¿Se ha perdido el consenso sobre Pemex o sobre el petróleo? No totalmente, pero cuando las candidaturas a la presidencia cuestionan reiteradamente la situación de Petróleos Mexicanos y la viabilidad de utilizar petróleo podemos pensar que sí. Pasamos del inconsciente al subconsciente y de las inconsistencias a una relativa coherencia. Es decir, toleramos por décadas distintos atropellos ambientales derivados de la operación de la empresa paraestatal y al mismo tiempo apoyamos masivamente la idea de que el petróleo era en términos netos un beneficio antes que un maleficio para el país. Ahora parece que el debate público sobre estos temas, al más alto nivel, se está transformando. Hay evidentes coincidencias con las prioridades, aunque los diagnósticos todavía son muy contrastantes. Aquí ofrezco un diagnóstico agnóstico. Empecemos por lo que considero como uno de los errores más importantes de política económica petrolera del México contemporáneo.

La reforma energética nació muerta o severamente limitada. Precisamente cuando se volvió constitucional (agosto 2014), los precios del crudo iniciaron su colapso y con ello los incentivos de extracción de crudo de los privados se debilitaron considerablemente. Pero eso podemos obviarlo para centrarnos en Pemex y nuestro petróleo. En todo caso, los privados redujeron la velocidad de extracción y esperaron mejores entornos. Finalmente, ellos pueden desplazar su inversión en prácticamente cualquier lugar del mundo y así, buscar evitar caída de rentabilidad. Para una compañía como Pemex era imposible optar por ello. Su horizonte operativo y hasta ideológico es el territorio nacional y no puede colgar el casco para momentos mejores. Debe seguir la fiesta, aunque para seguirla deba de hundirse en aguas profundas. Por eso, más allá de seguir comentando el caso del Director Lozoya, nos debemos una reflexión de qué fue lo que pasó y cómo explicamos que en sólo unos pocos años Pemex se haya endeudado en dólares a un ritmo más rápido y en una magnitud mayor que todo un gobierno federal como el mexicano. ¿A dónde se fueron los poco más de 40,000 millones de dólares de deuda de Pemex en el marco de la reforma energética? Ese es el legado que se le dejó al actual gobierno.

En perspectiva histórica y estrictamente financiera, la magnitud del impacto del manejo del colapso del precio del petróleo en la década pasada equivale al error de diciembre de 1994. Los precios bajaron de poco más de 100 dólares por barril de la MME (Mezcla Mexicana de Exportación) hacia finales de junio del 2014 a poco menos de 19 dólares en enero del 2016. Para ser precisos, el 2 de octubre del 2014 fue el primer día en que el precio en el mercado fue igual al esperado por el gobierno mexicano (85 dólares). Ese fue el momento de quiebre. Durante los meses de octubre y noviembre del 2014 hubo abundantes datos que apuntaban a un deterioro del del precio pero aún así se permitió aceptar el esperar un precio de 79 dólares (cuando en ese momento ya estaba en 69 dólares). Fue el 13 de noviembre, cuando se aprueba la Ley de Ingresos de la Federación del 2015 que oficializa esta decisión. Se trata del mayor error de política económica petrolera en años recientes y que sentó las bases para el colapso actual de Pemex. ¿Porqué? Porque durante el 2015 el precio promedió 44 dólares, casi la mitad de los 79 aprobados y en el 2016 poco más de 35 dólares comparados con el precio de 50 dólares oficial. Por dos años al menos, esto es 2015 y 2016 el gobierno federal no quiso o no pudo corregir el abismo entre el precio teórico y el real, sino hasta 2017, cuando finalmente el precio real estuvo ligeramente arriba con el esperado (46 vs 42). El hoyo financiero todavía lo padecemos hasta hoy, especialmente en términos del tamaño de la deuda de Pemex y las consecuencias que el ajuste estructural petrolero de 2016 y 2017 ocasionó. Hay que tener cuidado cuando se afirma que cuando el sector público no puede por ineficiente, corrupto y cortoplacista el privado sí puede contribuir a elevar la extracción y maximizar la renta petrolera. Los incentivos en el mercado petrolero, desde este punto de vista, son iguales o idénticos en términos de rentabilidad. Traspasar el planteamiento de maximización del sector privado al público y viceversa tiene importantes problemas conceptuales y prácticos. Vale la pena repensar si el extractivismo ha llegado a su límite en México.

Por una década, del 2004 al 2014 de un total 85 puntos del PIB de ingresos petroleros (los ingresos de Pemex y el gobierno federal) tuvimos poco más de 55 puntos del PIB de recursos líquidos por renta petrolera, es decir, ingresos derivados de un exceso de ganancias descontado los costos de producción e ingresos de operación de Pemex. En ese periodo sucedieron accidentes que llamaron la atención a nivel mundial (por ejemplo la explosión del pozo Abkatún en 2015, pero hay otros) y pruebas de daño permanentes por la emisión de contaminantes pasados y presentes: Tula para los chilangos y Cadereyta para los regios. Para darnos una idea de lo que representa el dinero que administró el gobierno federal, esos 55 puntos del PIB equivalen a todo el ISR e IVA recaudado durante los 5 años del presente gobierno. No lo ahorramos y además quedamos al final endeudados. Son las piruetas de una hacienda pública permanentemente enana.

En la historia es la primera vez desde 1982 que Pemex captura más ingresos petroleros que el gobierno federal. La pregunta es, ¿Debe de ser un cheque en blanco? Eso debería de ser uno de los criterios de discusión política entre las candidaturas.

*El autor es profesor de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C.