Puigdemont, líder independentista en el exilio, se postula a los comicios catalanes de mayo

Seis años y medio después de cruzar la frontera de España con Francia en el maletero de un vehículo para huir de la Justicia española, Carles Puigdemont quiere volver a ser el hombre más poderoso de Cataluña. El líder independentista, que impulsó el referendo de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, reveló el jueves 21 de marzo su intención de concurrir a las elecciones regionales del 12 de mayo como candidato de Junts, el partido que dirige desde el exilio en Bruselas.

Por: Juan José Martínez

“Estoy aquí para terminar el trabajo”, afirmó este jueves 21 de marzo desde Elna (Francia), a menos de 40 kilómetros de Cataluña, donde insistió en que su objetivo es “culminar con éxito el proceso de independencia de 2017”.

El retorno de Puigdemont a la política nacional de España es un efecto adelantado de la ley de amnistía que aún se discute en el Congreso, por lo que en ningún caso el líder separatista podrá hacer campaña en suelo español, pero sí podrá llegar para una hipotética investidura. Eso sí, primero debe triunfar en unas votaciones que se auguran reñidas.

La escena fue cinematográfica. Después de un gran preámbulo que acrecentaba la expectación del millar de personas que lo escuchaban, Puigdemont abrió la puerta y dijo:

soy miembro del Parlamento Europeo y había anunciado mi intención de encabezar las elecciones europeas para luchar por la internacionalización del conflicto, pero cuando se trata de Cataluña y sus intereses no soy conformista, no busco lo más cómodo

La audiencia estalló en aplausos, mientras coreaba “president, president”. Puigdemont tomó agua y lanzó: “Me habréis estropeado la sorpresa porque iba a decir que por eso he decidido presentarme a las próximas elecciones del Parlament de Cataluña”. Más adelante, remarcó, para “evitar especulaciones”, su renuncia a participar en las listas para las elecciones europeas del 9 de junio.

Puigdemont anunció su candidatura, acompañado de la cúpula de Junts, desde el Ayuntamiento de Elna, un municipio francés de gran simbolismo para el independentismo catalán porque allí se escondieron de la fuerza pública las urnas del referendo secesionista de 2017. Desde este bastión de la causa catalana en el sur de Francia ha llamado a los suyos a alejarse “de la resignación y el derrotismo”. “Dejemos de flagelarnos”, pide.

El alcalde de la ciudad, Nicolás García, que abrió el evento de Junts, definió esta localidad como “una ciudad que siempre ha acogido a todos aquellos que han sido perseguidos, represaliados y exiliados por defender la democracia y (han buscado) el derecho de un pueblo a decidir su futuro”.

Los pecados de Puigdemont
El líder independentista tiene procesos abiertos por los que podría enfrentar hasta 12 años de prisión y 20 de inhabilitación por delitos de malversación agravada y desobediencia. Poco sirvió la reforma al código penal, impulsada por el partido socialista (PSOE) a petición de Junts, que eliminó a finales del 2022 el delito de sedición por el que era juzgado Puigdemont.

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Además, el gironés ha recibido una nueva imputación, esta vez por terrorismo, en un caso abierto por el Tribunal Supremo, que avaló la tesis del juez conservador Manuel García Castellón, uno de los más críticos de la amnistía de los independistas acordada con el oficialismo.

Con todo esto, la convergencia de dos sucesos políticos que eran impensables hace apenas unos meses han abierto la posibilidad del retorno de Puigdemont, ya no a España solamente, sino a la papeleta electoral.

De un lado, la tramitación en el Congreso de los Diputados de la ley de amnistía para los independentistas ha sido impulsada por el partido oficialista (PSOE) y respaldada por los socios de Gobierno, a cambio de los votos favorables de Junts para la investidura de Pedro Sánchez. Este hecho ha confluido con la inesperada disolución de las Cortes y el avance electoral en Cataluña anunciado el 13 de marzo por Pere Aragonès, actual presidente de la Generalitat -el sistema institucional catalán-, a consecuencia del rechazo de los presupuestos autonómicos por un atascado ‘Parlament’. Ambos hechos se han conjurado para precipitar el posible regreso de Puigdemont.

Junts ha experimentado un subidón tras las elecciones generales del 23 de julio de 2023, que moldearon un ajustado tablero político en el que los siete escaños de esa bancada son imprescindibles para que el Gobierno pueda gozar de mayoría en el Legislativo y sacar adelante sus proyectos. El partido ha sabido capitalizar esa dependencia del Ejecutivo y ha canjeado cada voto en el Congreso por concesiones para Cataluña: desde la reforma al código penal para beneficiar a los separatistas, pasando por la ley de amnistía, hasta la petición de las competencias en migración, que son tareas propias del Estado.

Pero Puigdemont quiere más, como ha demostrado este jueves al afirmar que “es tan posible la ley de amnistía como lo es el referendo de determinación”.

 

Palos en la rueda y tiempo ajustado
Uno de los obstáculos en la ruta de Puigdemont a El Palau de la Generalitat es el Partido Popular (PP, conservador), principal opositor del Gobierno central y de la ley de amnistía. Tiene una mayoría aplastante en el Senado que usará para dilatar al máximo la convocatoria a la votación del texto, es decir, dos meses, según el reglamento de ese órgano. Tras el previsible rechazo del Senado, el proyecto de ley volverá al Congreso de los Diputados, donde los socios del Gobierno —que allí si suman más escaños que los populares y su aliado de ultraderecha, Vox— tramitarán y votarán favorablemente la amnistía en el menor tiempo posible.

Los números fechan la ejecución de la ley de amnistía en la última semana de mayo, por lo que Puigdemont no solo se perderá la campaña —que comienza el 25 de abril y termina el 10 de mayo—, sino la propia jornada electoral del 12-M. Esto significa que deberá ser candidato desde el exilio, algo que permite el Régimen Electoral General, siempre que, en caso de ser elegido diputado —requisito para ser presidente regional— recoja la acreditación en persona. Y si reúne los respaldos suficientes para presidir la Generalitat, deberá ser investido de forma presencial.

Una vez terminen las elecciones el 12 de mayo, el Parlament tiene 20 días hábiles para convocar a la sesión constitutiva y 10 días más para llamar al primer pleno de investidura, por lo que le deja un margen a Puigdemont hasta el 24 de junio. Hasta entonces, el líder catalán cruzará los dedos para que se aplique la amnistía y pueda volver a España sin el riesgo de ser detenido. Las cuentas son ajustadas, pero dan.

El Barómetro del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat (CEO) reveló este jueves, horas antes del anuncio de Puigdemont, que el Partido Socialista Catalán (PSC) puede ser el más votado el 12 de mayo, al llevarse entre 35 y 42 escaños; seguido de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), con entre 26 y 32; y en tercer lugar, Junts per Catalunya, con entre 24 y 29 diputados. En este panorama, el PSC puede gobernar solamente en coalición con ERC.

Los manifestantes ondean banderas nacionales españolas junto a la Fuente de Cibeles durante una manifestación convocada por el Foro Libertad y Alternativa junto con otras asociaciones sindicalistas contra la ley de amnistía del gobierno para las personas involucradas en el fallido intento de independencia de Cataluña de 2017.
Los manifestantes ondean banderas nacionales españolas junto a la Fuente de Cibeles durante una manifestación convocada por el Foro Libertad y Alternativa junto con otras asociaciones sindicalistas contra la ley de amnistía del gobierno para las personas involucradas en el fallido intento de independencia de Cataluña de 2017. © AFP – Pierre-Phillipe-Marcou

En su discurso desde Elna, Puigdemont lanzó un claro guiño a ERC al recordar que ni este partido ni Junts, “yendo por separado”, han conseguido “ser el mayor grupo parlamentario en las últimas elecciones”. Por eso ha tendido la mano a la bancada de Aragonès:

“Nunca he dejado pedir de unidad a riesgo de predicar en el desierto. Cuando más hemos avanzado ha sido cuando más unidos hemos estado. Nadie puede demostrar las bondades de ir por separado”.

Los partidos Junts y ERC, aunque independentistas, son muy diferentes ideológicamente. Los primeros conservadores y de postura antimigratoria —varios alcaldes, han relacionado el aumento de migrantes con la delincuencia—. Los segundos, como lo indica su nombre, son izquierdas, progresistas. En consecuencia, a Junts solo le interesa hablar con el partido de Gobierno de la ley de la amnistía, mientras que ERC comulga con varias de las políticas del PSOE y se perfila como un socio sólido del Ejecutivo a escala autonómica y estatal.

Retrato de un negociador
Carles Puidgemont (Amer, Cataluña, 61 años) estudió filología catalana y ejerció en el periodismo más de 20 años, durante los cuales forjó su identidad independentista. En 2006 dio el salto a la política al ser elegido como diputado del Parlamento por la circunscripción de Girona. Fue alcalde de Girona en 2011 y cinco años después, el presidente en ese entonces de la Generalitat, Artur Mas, lo propuso como sucesor, cargo del que tomó posesión el 12 de enero de 2016. De ahí en adelante, ardió Cataluña.

Fue un domingo a la media noche cuando Puigdemont decidió lanzarse al exilio. Era el 29 de octubre, habían pasado 22 días del referendo independentista y 48 horas desde que el Estado aplicara el artículo 155 de la Constitución que derivó en la disolución del Govern de Cataluña. Un día después de la fuga, la Fiscalía formuló una querella por rebelión contra el expresidente y cinco de sus consejeros de gobierno. Dos días más tarde ya pesaba una orden de captura sobre todos. Los seis ya estaban en Bruselas.

El juicio por la declaración de independencia unilateral, conocido como el ‘procés’, derivó en nueve condenas para los separatistas de entre 9 y 13 años, por delitos de sedición y malversación. En 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez indultó a los apresados, que fueron puestos en libertad.

Oriol Junqueras, condenado a la pena más alta (13 años), es hoy diputado del Congreso y presidente del ERC. Al margen de las causas judiciales contra los líderes políticos, la organización independentista Omnium contabiliza unos 1.500 “represaliados” por el ‘procés’ con causas penales en curso, entre los que entran ciudadanos de a pie, activistas, manifestantes o funcionarios que se volcaron a las calles durante el periodo de agitación social que rodeó la declaración de autonomía.

Puigdemont quiere volver del exilio por la puerta grande. Sabe que en las próximas elecciones no solo se votará quién gobierna por cuatro años. Para él, la decisión gira entre “quienes quieren terminar el trabajo de arruinar a la nación” o, en sus palabras: “quienes queremos acabar el trabajo que comenzamos para que Cataluña sea reconocida en el concierto de las naciones independientes del mundo”.