¿Y qué hacemos con la Guardia Nacional?

Razones Jorge Fernández Menéndez

Me parece increíble que el gobierno federal esté en desacato con la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto al retorno de la Guardia Nacional a la esfera de la Secretaría de Seguridad federal. El primero de enero se tendría que haber dado esa transferencia institucional y desde entonces la GN está trabajando en un marco de ilegalidad con las consecuencias de todo tipo que ello puede conllevar.

No me gustó la forma en la que se creó la Guardia Nacional. Siempre he pensado que se tendría que haber dado un proceso de transición y transformación a partir de la Policía Federal, incluso manteniendo las dos instituciones, con atribuciones diferenciadas durante un tiempo, que hubiera podido ser prolongado. También estoy convencido de que de la misma forma en que la Policía Federal resultó insuficiente para garantizar la seguridad pública, lo mismo ocurre ahora con la Guardia Nacional, porque no hay detrás una verdadera estrategia policial para todo el país, que incluya la construcción de policías locales homologadas con la instancia federal y realmente preparadas para cumplir una función estratégica en sus respectivos estados.

El proyecto de la Guardia Nacional no nació por completo con el gobierno de López Obrador. En realidad, era un proyecto que estaba desde el inicio de la administración de Peña Nieto con la idea de crear, recordará usted, una Gendarmería que dependería de la Secretaría de la Defensa Nacional. El proyecto se planteó, se avanzó en él, pero, finalmente, se impuso la visión de que la Gendarmería se creara como una división más de la Policía Federal. En mi opinión, el modelo de una Gendarmería (o Guardia Nacional) militar, con atribuciones muy específicas para control de fronteras y tareas de seguridad regional, me gusta, y hubiera podido nacer acompañando a una Policía Federal que había que reformar, pero que tenía áreas muy avanzadas, sobre todo en lo referente a inteligencia y caminos.

Cuando llegó la administración de López Obrador, que estaba decidida a acabar con la Policía Federal a como diera lugar, exagerando sus deficiencias e ignorando sus aciertos (en algo que tenía mucho más que ver con deshacerse de una institución que había sido paradigmática con Felipe Calderón, que con un nuevo modelo de seguridad y una estrategia policial nacional), se retomó el modelo de la Gendarmería y se lo transformó en una Guardia Nacional formada por militares, al principio con participación del Ejército y de la Marina y, finalmente, bajo la estructura de la Defensa. Pero en el proceso legislativo de creación de la GN se estableció que sería civil, aunque un transitorio le dio cobijo a la participación militar en seguridad. Y, tiempo después, un decreto presidencial la dejó en la estructura de la Defensa.

Hubo muchos problemas en los inicios de la GN mientras estuvo bajo control institucional (nunca operativo) de la Secretaría de Seguridad, antes del decreto presidencial. Desde órdenes contradictorias hasta compra de equipo que no se compaginaba con el que usaban las fuerzas militares, que constituían casi el cien por ciento de los elementos de la GN y de su estructura material y presupuestal. En buena medida, el decreto presidencial tenía como objetivo atender esas contradicciones, pero, una vez más, como ha ocurrido sistemáticamente desde las elecciones de 2021, no se negoció con las fuerzas políticas, no se buscó una salida legal y se impuso la decisión sin tener un consenso sobre el tema, que era posible de obtener con una negociación adecuada.

El año pasado, la controversia constitucional sobre la GN llegó a la Suprema Corte y, como era previsible, la Corte determinó que el decreto era inconstitucional y ordenó el regreso de la GN a la Secretaría de Seguridad federal desde este uno de enero. Como ya habíamos señalado, la medida termina siendo muy difícil de aplicar por una sencilla razón: la GN desaparecería, porque todos sus mandos y casi todos sus elementos son militares que no tendrían estímulo alguno en perder sus beneficios sociales y carreras, construidos en sus años de militares, por quedarse en una institución cuyo futuro se vería, por lo menos, en duda. Tampoco me imagino de inmediato una Guardia Nacional con mando civil, cuando todos sus elementos y sus mandos directos son militares.

El tema no es que la Guardia Nacional —esté bajo mando civil o militar— no tenga los resultados deseados. El problema es que el diseño institucional no es eficiente y no es parte de un consenso amplio. A mí no me parece mal que la GN hoy esté bajo mando militar, no hay posibilidades reales de que se pueda transformar. Pero eso no quiere decir que no pueda haber otro diseño, que no se puedan crear otras fuerzas (incluyendo una poderosa policía de investigación federal que hoy no tenemos y que puede estar adscrita a la Fiscalía o a la propia SSC) o, incluso, que se establezca un cronograma para trasladar los mandos de la GN al ámbito civil.

 

Insisto en lo que era el diseño original de la Gendarmería, donde convivían, como ocurre en otros países, una institución de seguridad militar con policías civiles de orden federal y local, todas ellas con atribuciones específicas. Eso es lo que habría que construir.

El problema es de diseño y es político. Porque no hay, como en todo lo demás, el menor espíritu de diálogo del gobierno federal para solucionar un problema que nos afecta a todos y, sobre todo, que deja a una institución clave para la seguridad del país y sus miles de integrantes en la indefensión y el vacío legal. Debe haber una salida acordada, aunque sea gradual y de transición, de aquí a la toma de posesión del próximo gobierno. No veo voluntad de alcanzarla.