Vuelta al presidencialismo (3): la captura del Poder Judicial

Entresijos del Derecho    Sergio López Ayllón

De las propuestas de reforma constitucional que presentó el presidente López Obrador al Congreso, la que atañe al Poder Judicial es sin duda la más compleja. Se trata de una refundación completa de los 33 poderes judiciales del país.

El argumento que expone la exposición de motivos para justificar la reforma es que las causas estructurales de la impunidad e injusticia han sido la falta de “verdadera independencia” de los jueces, así como su distanciamiento con la sociedad. Para remediarlo, propone crear “mecanismos democráticos que permitan a la ciudadanía participar activamente en los procesos de elección” de ministros y jueces. Veamos qué significa.

Todos los jueces del país, tanto federales como estatales, dejarán sus funciones para ser sustituidos en un plazo perentorio por otros electos por votación directa de la ciudadanía. Por ejemplo, los ministros de la Suprema Corte se elegirían de una lista de 30 personas: hasta 10 propuestas por el presidente, hasta 5 por cada Cámara y hasta 10 por la Corte. El Senado calificaría las propuestas y se enviarían al órgano electoral para que, de forma concurrente con las elecciones federales, se proceda a la votación. Un mecanismo similar se utiliza para los demás jueces y magistrados.

Así, serán los tres poderes quienes seleccionen a los aspirantes a jueces. Es falso, por tanto, que en los poderes judiciales vaya a estar representada “la pluralidad cultural, social e ideológica que conforman la nación”. Lo que en realidad se busca es que los jueces y ministros tengan la visión y el respaldo de los partidos políticos, en particular de Morena. En otras palabras, la justicia quedará capturada por la política.

No solo eso. Se crea un segundo “candado”. Los Consejos de la Judicatura desaparecen y crean dos órganos distintos, cuyos miembros también serán electos. El primero administrará y el segundo es “Tribunal de Disciplina Judicial”, integrado por 5 miembros, cuya función será, con “independencia técnica”y mediante resoluciones definitivas e inatacables, juzgar el trabajo de los jueces. El objetivo es claro, tener un mecanismo para controlar políticamente sus decisiones.

La reforma propone otras modificaciones que inciden en la estructura y organización de la Suprema Corte, tales como la reducción del número de ministros (de 11 a 9) y periodo de encargo (de 15 a 12 años), así como eliminar el funcionamiento en salas. También se modifican normas para prohibir la suspensión de normas generales en acciones y controversias, o impedir que tengan efectos generales las suspensiones o sentencias dictadas en juicio de amparo por la inconstitucionalidad de normas generales.

Sin duda hay mucho que cambiar en los poderes judiciales para tener una buena justicia. Lo hemos dicho antes y ahora. Pero si esta reforma se aprobara en sus términos, podemos despedirnos de la independencia judicial y pasar a la etapa de la justicia popular.
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